“Debemos evitar las tensiones y las confrontaciones que puedan dar aspecto de violencia. Creo que toda protesta se puede hacer dentro de un plan de diálogo y ocupando los medios civilizados, porque la violencia no contribuye a mejorar la difícil situación económica y política de este pobre país”, expresó el prelado al finalizar la misa dominical donde ofició.

Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, dijo que los nicaragüenses tienen el derecho a expresarse y el deber de participar, de manera cívica, en la vida social y política e, incluso, la opinión de cualquier extranjero se tiene que considerar desde un punto de vista mucho más tolerante.

Sobre los ataques a la Embajada norteamericana y el acoso a su embajador en Managua, el señor Robert Callahan, opinó que hay derecho de protestar, pero hay formas pacíficas de hacerlo sin necesidad de haber roto las ventanas de esa sede diplomática.

A su vez el pastor bautista Marcelino Basset, al referirse al mismo tema, agregó que se observa una medición de fuerzas entre el gobierno y la oposición y “en estos momentos de tención política la Iglesia está llamada a buscar un entendimiento a través del diálogo.”

El pasado 2 de noviembre, la delegación nicaragüense  del CENIDH había denunciado una serie de violaciones a los derechos individuales y a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sin embargo no se avizora la posibilidad de que esa entidad visite el país como mediadora.

Denis Moncada, Embajador permanente ante la OEA, dijo que el gobierno es soberano e independiente y que, de manera irrestricta, aquí se respetan los derechos humanos entre los cuales se encuentra la libertad para expresarse.

Las integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAN) Patricia Orozco, Ana Eveling, y Lorna Norori, denunciaron ante el CENIDH que agentes de la policía las violentaron y agredieron para impedirle, de forma arbitraria, su derecho a movilización en la ciudad de León, ubicada a 90 kilómetros al occidente de esta capital, cuando, veinticuatro horas antes de la supuesta agresión a las líderes del MAN, la jefa nacional de la Policía, Aminta Granera, había prometido garantías en un diálogo con líderes de la Coordinadora Civil.

 Patricia Orozco, también periodista, dijo que interpuso denuncia ante la Policía pidiendo se investiguen los hechos, mientras el cuerpo policial, a través de un comunicado, expresó que las tres damas se excedieron en sus reclamos y más bien fueron ellas las que los agredieron verbalmente, versión que negaron las afectadas.

Delegados del  CENIDH, en la sesión del 137 del período de sesiones de la Comisión  Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, habían denunciado ya una serie de arbitrariedades y de violaciones a las libertades públicas e individuales de los nicaragüenses.