Líderes religiosos quieren definición del status de Puerto Rico

Manuel Quintero, QUITO, Ecuador, Octubre 13, 2004

 El status político de Puerto Rico, desde que la isla fuera invadida por Estados Unidos Taxi Heathrow Airport en julio de 1898, ha sido materia casi permanente de controversia y, en ocasiones, de abierta y violenta confrontación entre quienes abogan por su independencia y aquellos que favorecen el status semicolonial o la anexión franca y total.

Los incidentes más violentos ocurrieron en la década de los cincuenta.  Fue en octubre de 1950 que la llamada sublevación de Jayuya intentó una serie de acciones simultáneas: el levantamiento en las montañas del mismo nombre, el asalto de la residencia del gobernador en San Juan y el asesinato del presidente estadounidense Harry Truman en Washington.

La sublevación fue un rotundo fracaso y le valió a su principal instigador, el líder nacionalista Pedro Albizu Campos, pasar casi la totalidad de su vida en una cárcel estadounidense.

Cuatro años después, el 1 de marzo de 1954, cuatro nacionalistas desplegaron una bandera de Puerto Rico y rociaron de balas a los 240 legisladores que debatían una ley migratoria en el Congreso estadounidense, un hecho que les valió condenas de cárcel a perpetuidad y no cambió un ápice el status de la isla caribeña.

En medio de estas convulsiones, el gobierno de Estados Unidos decidió otorgarle a la isla el status de "estado libre asociado" -sus críticos han dicho siempre que Puerto Rico ni es estado, ni es libre, ni está asociado- con miras a lograr cierto consenso que disminuyera las tensiones políticas en su colonia.

En respuesta, a partir de mediados de los años sesenta, un vigoroso grupo de presión pro-independentista, apoyado por algunas iglesias y movimientos ecuménicos de la isla, llevaron el tema a las Naciones Unidas, organismo que había adoptado, en 1960, la declaración 1514 que garantizaba la independencia de los pueblos y países sometidos al colonialismo.

En los años siguientes el Comité Especial para la Descolonización de las Naciones Unidas adoptó varias resoluciones pidiendo a Estados Unidos que otorgara al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho a la autodeterminación.

Bajo la presión internacional, Estados Unidos acordó la realización de varios referendos, pero sin carácter vinculante, mediante los cuales los puertorriqueños pudieran votar acerca de tres opciones: permanecer como estado libre asociado,  la estadidad, es decir, la anexión como un estado más a la unión norteamericana, o convertirse en un estado independiente.

En el plebiscito de 1993, más del 48 por ciento de la población votó a favor del estado libre asociado, el 46 por ciento por la estadidad y apenas el 4.4 por ciento por la independencia.

En el referendo más reciente, en diciembre de 1998, se incluyó una nueva opción para los votantes, "ninguna de esas modalidades", opción que, sorprendentemente, obtuvo la mayoría de los sufragios, con el 50.3 por ciento.  En 1998 la opción del estado libre asociado recibió apenas el 0.3% de los votos, mientras la estadidad o anexión alcanzaba el 46.5% y la independencia el 2.5%.

En los años transcurridos desde la caída del Muro de Berlín y con la  emergencia de una nueva configuración geopolítica a escala mundial, el tema de la independencia puertorriqueña pasó a segundo o tercer plano en la agenda de las Naciones Unidas, e incluso de la vida política del país.

Pero ahora el liderazgo religioso de la isla ha vuelto a colocar el tema en la palestra con la emisión de una declaración el pasado mes de septiembre en la que señalan que ha llegado el momento de definir las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos.

La declaración de la llamada coalición ecuménica, que agrupa a líderes cristianos y musulmanes, señala que "el panorama mundial y las circunstancias políticas y militares han cambiado en los últimos tiempos", y afirma que "ya es hora" de que Puerto Rico atienda "valiente y dignamente" su "condición política" para proponer una fórmula "que recoja las mejores aspiraciones de los puertorriqueños y las puertorriqueñas".

En opinión del Rev. Juan Antonio Vera, obispo metodista de Puerto Rico y miembro de la coalición, en el país se vive  un temor a modificar la situación, temor que es fruto de políticas que han desmantelado la economía de la isla y la han hecho sumamente dependiente de los subsidios de Estados Unidos.

"La política que se ha gestado nos ha hecho creer que la república independiente es sinónimo de inestabilidad política, inseguridad social y hambre", dice.

Pero lo cierto es, añadió, que hay insatisfacción con las tres opciones históricas: el Estado Libre Asociado, la anexión y la independencia.

El hecho de que, en el último referendo de 1993, más del 50 por ciento rechazara la propuesta anexionista, significa que existe en el pueblo la conciencia de que es preciso encontrar otras alternativas, destacó.

"Incluso el partido de gobierno, que sostiene la tesis del Estado Libre Asociado, reconoce que ese modelo se está agotando, y han señalado que, de ganar las próximas elecciones, convocarán a una asamblea constituyente para dialogar con Estados Unidos nuevas formas de gobierno", explicó.

En su criterio, todavía es posible levantar la bandera de la independencia, a pesar de que esa opción cuenta con muy poco apoyo dentro de la isla.

"Quienes sostienen esa tesis tienen que hacer un análisis crítico para comprender por qué el movimiento independentista no ha logrado un crecimiento sostenido en la ciudadanía", puntualizó.

La coalición no toma partido por ninguna opción, pero ha hecho un llamado profético que va a conmover la conciencia de muchos, apunta.

"Hemos visto la escritura en la pared, y queremos movilizar a nuestro pueblo para que considere una vez más qué es lo mejor para su bienestar y el bienestar de las futuras generaciones", concluyó. (717/2004).