CIMI registra década de la violencia contra pueblos indígenas

BRASILIA, Brasil, Junio 6, 2006

Durante los años 1995 - 2005 fueron asesinados 287 indígenas en Brasil, 165 en el Taxi Heathrow Airport gobierno del presidente Fernando HenriqueCardoso y 122 en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según registra el "Informe de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil", presentado en Brasilia, por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la semana pasada.

El informe de CIMI agrega que en la Amazonia existen por lo menos 60 pueblos indígenas sin contacto, de los cuales 17 están en vías de extinción debido a prácticas de genocidio que se reproducen en los días actuales.

"Esos crímenes de genocidio han sido practicados por grupos de exterminio al servicio de invasores de tierras públicas, madereros y hacendados. La estrategia es acabar con cualquier vestigio de presencia indígena para impedir la demarcación de sus tierras", dice la antropóloga Lucía Helena Rangel en el citado informe.

El  estado de Mato Grosso do Sul es la región donde se han registrado la mayor cantidad de conflictos por derechos de propiedad de la tierra. De 99 conflictos registrados en el país en los años 2003, 2004 y 2005, 68 ocurrieron en aquel estado. En cuatro regiones indígenas en el estado -Dourados, Caarapó, Porto Lindo y Amambaí - viven 25 mil guaraníes/kaiowás en poco más de 10 mil hectáreas, lo que da menos de una hectárea por habitante.

La principal reivindicación de los guaraníes/kaiowá de Mato Grosso do Sul es la recuperación de sus tierras ancestrales. Según el CIMI, de 2003 a 2005 el promedio de tierras indígenas demarcadas por el gobierno fueron seis por año, y en el mismo período, el promedio de asesinatos por año fue superior a 40. "Hay una relación inversamente proporcional entre demarcación y violencia. Cuanto menos se demarca las tierras, más casos de violencia se suscitan", constata el informe.

El Estado, afirma la antropóloga Lucía Helena Rangel, actúa a partir de una política indigenista concebida para integrar al indígena a la comunidad nacional, tratándolo, por tanto, "como categoría en transición rumbo a la extinción". Para la antropóloga, ellos constituyen "los pueblos mal amados del Brasil".

En el lanzamiento del informe, el 30 de mayo, el secretario general de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Odilo Pedro Scherer,declaró que "Brasil sólo será un país justo cuando hubiere hecho justicia a los primeros habitantes de estas tierras".

Lucía Helena Rangel exige que el Estado pague la deuda histórica que Brasil tiene con los pueblos indígenas y  reoriente la política indigenista para atenderlas reales necesidades de sus beneficiarios. (356/2006/ecu/indig/eb).