Bioética y Derechos Humanos
Beriain Iñigo de Miguel, Abril 11, 2007
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos: Una oportunidad de recuperar el espíritu de Taxi Heathrow Airport la Declaración de Doha?
Iñigo de Miguel Beriain. Doctor Europeo en Derecho por la UNED. Investigador del Gobierno Vasco en la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.
1.- Introducción
Hace muy poco tiempo hemos tenido ocasión de asistir
a un hecho que, probablemente, marcará un antes y después
en todo lo que se refiere a las ciencias de la vida: la
aprobación de la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos. De ahí que resulte necesario hacer
todo lo posible para fomentar la aplicación de todo lo dispuesto
en él, de tal manera que sea más factible construir
ese mundo más justo que todos deseamos. El presente
texto irá encaminado, precisamente, a exponer uno de los
aspectos más interesantes de entre todos los que figuran
la Declaración: la resurrección del espíritu que dio lugar a
la Declaración de Doha y el estímulo de aquellas conductas
que permiten el acceso a los medicamentos y tratamientos
a las personas que no poseen medios suficientes
para hacer frente al pago de los derechos intelectuales que
normalmente acompañan su explotación y uso.
Claro que el estudio de un apartado tan complejo como
este supone, desde luego, un estímulo para el investigador
interesado en los temas bioéticos, pero también implica la
necesidad de enfrentarnos a la inevitable amenaza de extendernos
en nuestros comentarios más allá de lo probablemente
pertinente. De ahí que en las siguientes páginas
hayamos tratado de realizar un esfuerzo de contención que
permita al lector entender la importancia del texto recientemente
aprobado sin abrumarlo con datos y cifras acerca de
los problemas asociados a la farmaindustria. De este modo,
nuestra contribución comenzará por ofrecer un somero
análisis de los sistemas de patentes, intentando mostrar
cómo funcionan en general y cómo se han aplicado tradicionalmente
en el campo de la salud humana y, más concretamente,
en el campo de la farmaindustria. A continuación,
nos permitiremos explicar lo que en su momento supuso
la Declaración de Doha de cara a cambiar el marco
conceptual de la protección de la propiedad industrial en
relación con la salud humana y por qué, a pesar de ello,
siguen persistiendo graves problemas a la hora de defender
el libre acceso a los medicamentos de los países subdesarrollados.
Por último, nos centraremos en el aspecto
esencial de este trabajo, esto es, de cuánta ayuda puede
servir la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos para vencer estos obstáculos.
2.- Los sistemas de patentes
Como es habitualmente conocido, la forma que nuestras
sociedades han encontrado para proteger los inventos
científicos de su libre utilización por el público ha sido el
sistema de patentes1. Esta idea, a su vez, no tiene nada de
original, sino que es tan antigua que, si tuviéramos tiempo
de hacer un análisis histórico, nos sorprenderíamos. Baste,
por lo que ahora no ocupa, con decir que ya desde hace
siglos se ha venido utilizando algún tipo de protección al
inventor que le permitiera ver asegurada alguna forma de
lucro gracias a su trabajo2.
Intentando aportar una definición exacta del concepto,
diremos que como patente debe entenderse el “documento
en que oficialmente se otorga un privilegio de invención y
propiedad industrial de lo que el documento acredita”3. La
noción de propiedad industrial, a su vez, se refiere al
“conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la
actividad innovadora manifestada en nuevos productos,
nuevos procedimientos o nuevos diseños, como en el caso
de la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva
de productos y servicios ofrecidos en el mercado”4.
De esta definición, convenientemente complementada por
lo dispuesto por la doctrina jurídica, y los convenios internacionales5,
podemos deducir que para que exista una
patente deben darse distintos requisitos, como la originalidad
del invento6, que sea capaz de proporcionar un aprovechamiento
industrial7, el hecho mismo de que no atente
contra la moral o el orden público establecido8, la propia
temporalidad de la protección, etc9.
Como hemos dicho, a lo largo de siglos estas nociones
han estructurado el derecho a la propiedad industrial a lo
largo y ancho de todo el mundo, si bien con algunas diferencias
entre unos países y otros10. Con el paso del tiempo,
sin embargo, las legislaciones han tendido a unificarse,
proceso que cristalizó, finalmente, en los Acuerdos sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, más conocidos por sus siglas
en inglés, TRIPS11, suscritos en la Ronda Uruguay del ahora
extinto GATT12, y que se circunscriben al ámbito de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)13. A través de
los mencionados acuerdos, se impusieron a escala mundial
los conceptos del derecho de la propiedad intelectual propios
de Estados Unidos, confiriéndose al inventor un amplio
derecho de explotación de su propiedad a lo largo de
un plazo de veinte años, derecho protegido por toda la
fuerza de la OMC14. De esta forma, cualquier país que desee
ingresar en la referida organización ha de sellar previamente
los acuerdos TRIPS, respetando atentamente el
derecho de propiedad que confieren las patentes. Esta
realidad, ya de por sí preocupante, ha alcanzado sus máximas
cotas de abusividad en el campo de la industria farmacéutica,
como tendremos ocasión de ver en el siguiente
apartado.
3.- Las patentes de la industria farmacéutica
Uno de los puntos que ha suscitado mayor polémica en
los últimos años ha sido la utilización abusiva de patentes
por parte de la industria farmacéutica. Así, por ejemplo, se
ha acusado a menudo a las multinacionales que dominan
el sector de prácticas inhumanas por impedir que los países
subdesarrollados puedan tener acceso a ciertas medicinas
debido a sus bajos niveles de rentas15. Así, y según
el juicio de sus detractores, miles de personas han muerto
en los últimos años como consecuencia de enfermedades
cuyo remedio descansa protegido tras las patentes de la
industria farmacéutica. De ahí que dediquemos los próximos
epígrafes al estudio de todo lo relacionado con este
punto, exponiendo cuidadosamente todo lo que ha sucedido
con la normativa propia de la propiedad intelectual con
respecto a los productos biomédicos en los últimos años.
3.1.- El marco teórico de referencia
Tal y como hemos mencionado antes, la ronda Uruguay
del GATT, la misma que dio origen a la famosa Organización
Mundial del Comercio (OMC), creó unos acuerdos
encaminados a proteger la propiedad industrial a lo largo
de todo el planeta, en unos términos claramente desfavorables
para los países menos desarrollados16, los TRIPS. En
virtud de dichos acuerdos, y a partir del momento de su
entrada en vigor17, los países firmantes decidieron proteger
la propiedad industrial mediante el reconocimiento de las
patentes otorgadas por cualquiera de los estados signatarios.
Ello implicaba la persecución no sólo de la venta de
productos obtenidos ilícitamente, sino también la de su
distribución y comercialización por todo el mundo.
Desde entonces hasta nuestros días, los TRIPS han
constituido la mejor defensa de la industria farmacéutica de
cara a impedir la existencia de copias de bajo coste de sus
productos (los llamados fármacos genéricos18), produciéndose
así la situación extrema de que algunos países habían
de perseguir a los fabricantes de los productos genéricos
sin los cuales no podían proteger a sus propios ciudadanos
de la muerte. Esta evidente paradoja llevó a que
algunos de los países subdesarrollados decidieran incumplir
los acuerdos que ellos mismos habían firmado19, permi-
tiendo o incluso fomentando la producción de medicamentos
baratos, aun cuando ello les supuso tener que enfrentarse
a posibles sanciones de la OMC. Así, ya en 1996
Brasil comenzó a producir en laboratorios estatales los
fármacos de los cócteles antirretrovirales, que se utilizan
para combatir el SIDA, suministrándolos gratuitamente a la
población, sin pagar por ello los derechos de propiedad
intelectual que corresponden a sus inventores.
Las consecuencias de esta política no se hicieron esperar:
de acuerdo con uno de los creadores del programa
brasileño, los resultados del mismo fueron concluyentes,
reduciéndose el precio de los fármacos en los últimos años
en un 70 por ciento, y posibilitándose así un descenso de
la mortalidad por SIDA a cifras inferiores al 50 por ciento
de antes de su aprobación20. Siguiendo idéntico razonamiento,
el gobierno de Sudáfrica adoptó en 1997 una ley
que le permitió importar medicamentos genéricos sin pagar
por ello los correspondientes derechos a las multinacionales
de la industria farmacéutica21. De la misma forma, otros
países, como la India o Tailandia22, elaboraron normas que
permitieron la producción de genéricos que consiguen reducir
espectacularmente los precios de las medicinas23. En
junio de ese mismo año, un grupo de 33 países declaró,
por su parte, que el mantenimiento estricto de los TRIPS
hacía que los tratamientos alcanzaran precios inabordables
para ellos, primer paso hacia un futuro incumplimiento24.
Por otra parte, algunas organizaciones internacionales de
gran importancia, como Médicos Sin Fronteras, desafiaron
también a la poderosa OMC contratando los servicios de
empresas productoras de medicinas genéricas protegidas
por patentes25.
La actuación de todos estos países menos desarrollados
y de diversas ONGs desató reacciones divergentes
dentro de las naciones pertenecientes al Primer Mundo. De
esta forma, la Unión Europea se mostró dispuesta a facilitar
el acceso a los medicamentos a los países que no disponen
de recursos suficientes para comprarlos ya antes de
la reunión de la OMC en Doha26. Por otra parte, y en esa
misma época, también se hizo notorio que la actitud de
todos aquellos que exigían un cambio en el sistema internacional
de protección de la propiedad se hallaba fuertemente
respaldada dentro del ámbito de la OMC y la OMS27.
La postura de Estados Unidos fue, sin embargo, hasta
la citada cumbre, diametralmente opuesta28. El país norteamericano
había realizado a menudo grandes esfuerzos por
bloquear cualquier cambio en la normativa internacional
que permitiera el acceso a medicamentos esenciales a los
habitantes de las naciones más desfavorecidas. A lo largo
de esos años, el fruto de esta política había sido, dentro
del ámbito interno de la OMC, la invocación continua del
Entendimiento de la Solución de Diferencias (ESD), mecanismo
que prevé la aplicación de sanciones para exigir el
cumplimiento de lo dispuesto en los TRIPS29. De la misma
forma, y desde una postura más unilateral, la Oficina de
Representantes de Comercio de los Estados Unidos
(USTR), había amenazado reiteradamente con imponer
sanciones comerciales a aquellos estados que incumpliesen
los requisitos que conlleva el respeto más estricto a la
propiedad intelectual y el régimen de patentes americanos30.
Cabe, por último, reseñar, que, en ocasiones, han sido
las propias multinacionales quienes, ofreciendo un frente
unido, han demandado a los gobiernos por el incumplimiento
de los TRIPS, como en el caso de Sudáfrica, donde
42 laboratorios internacionales demandaron al gobierno de
Pretoria ante la Alta Corte de ese mismo país, por no respetar
el régimen de patentes establecido en los acuerdos
citados. La presión de la opinión pública, no obstante, les
hizo, finalmente, retirar su demanda, asumiendo todos los
costes del proceso. Esto, a su vez, motivó que algunas de
las principales empresas del sector, como Bristol-Myers,
cambiaran de actitud, anunciando que ya no intentarían
poner freno a otras compañías que fabricaban genéricos
de sus productos y luego los distribuían en África31. Otras,
como la empresa americana Merck, rebajaron sustanciosamente
el precio de sus medicinas antirretrovirales en el
mundo en vías de desarrollo32, iniciando así una dinámica
que han continuado otras empresas del sector.
3.2.- La Declaración de Doha.
Estando las cosas en el punto que acabamos de describir,
se produjo una reunión de los países miembros de la
OMC en Doha (Qatar). Dada la situación en la que se encontraba
la industria farmacéutica, rápidamente su análisis
se convirtió en uno de los ejes esenciales de la reunión,
que discurrió por aguas tal vez diferentes a las previstas de
antemano. De este modo, y gracias a la presión de los países
subdesarrollados y a la accesibilidad de algunos de los
países más desarrollados, especialmente la Unión Europea,
se consiguió llegar a un acuerdo en torno a este tema.
Fruto de él fue la Declaración acerca de los TRIPS y la
Salud Pública, rubricado el 14 de noviembre de 2001. En
ella se consignan algunas declaraciones de principios de
carácter esencial, como el reconocimiento por parte de los
países firmantes de la gravedad de los problemas de salud
pública que afectan a algunos de los miembros de la
OMC33, la necesidad de llegar a consensos que permitan la
coexistencia de una protección de la propiedad intelectual
con el derecho a la vida y la salud34, y la posibilidad de
alcanzar esos acuerdos dentro del marco de los TRIPS35.
Cabe, por otra parte, resaltar que el propio documento reafirma
el compromiso de los países desarrollados miembros
de la OMC de proporcionar a sus empresas e instituciones
los incentivos necesarios para que transfieran sus
tecnologías a las naciones menos desarrolladas36, lo cual
puede, en un futuro reducir la dependencia de éstas con
respecto al Primer Mundo en lo que al tema de cuidado de
la salud se refiere.
3.3.- La evolución de la situación en los años posteriores
a la Declaración de Doha
Tal y como acabamos de narrar, la aprobación de la
Declaración de Doha se consideró en su momento como
un logro importante de los países subdesarrollados, que tal
vez llegaría a permitirles dotarse de los recursos esenciales
para hacer frente a las graves pandemias que padecen.
A pesar de ello, los años transcurridos desde la firma del
citado documento nos han permitido constatar que la situación
no es tan halagüeña como cabría deducir de todo lo
dicho hasta ahora. De este modo, no creemos aventurado
afirmar que hay datos objetivos que avalan la hipótesis de
que podemos estar inmersos en un proceso involutivo de
grandes proporciones. Sólo así puede entenderse la actitud
de algunos países como, por ejemplo, los Estados Unidos
de América, que se han esforzado en introducir salvedades
a la aplicación de los acuerdos de Doha a través de
la firma de acuerdos comerciales bilaterales con países en
vías de desarrollo, los llamados ADPIC-plus37.
En el mismo sentido parece que debe interpretarse la
llamada “Decisión del 30 de agosto de 2003” de la OMC38,
elaborada aparentemente para facilitar la exportación de
medicamentos producidos bajo licencia obligatoria, salvando
así la prohibición de comercio internacional de genéricos
incluida en la Declaración de Doha. En teoría, este
documento debería haber sido saludado como un mecanismo
más de entre los que han de contribuir al acceso universal
a medicamentos vitales. Sin embargo, su extremadamente
compleja redacción, la falta de una voluntad política
real de llegar a un compromiso39, así como la necesidad
de elaborar listas sobre los países y los medicamentos
que pueden acogerse a ella pueden acabar transformándola
en un texto inútil40.
A lo anterior debemos añadir que en el año 2005 un
país como la India, que hasta ahora se había mostrado
contrario a implantar cualquier sistema de protección a
través de las patentes ha cambiado drásticamente su política,
obligada por los acuerdos firmados en el marco de la
OMC, introduciendo a partir de esa fecha una legislación
que impedirá a buen seguro que continúen parte de los
hábitos productivos que se seguían hasta ahora, a pesar
de los graves perjuicios que ello entrañará para los habitantes
del propio país41. Todo lo dicho, a su vez, es sumamente
indicativo de cuál será la situación en un futuro, porque,
descontada la India, los únicos países que quedarán
fuera del régimen de patentes serán aquellos que no pertenecen
a la OMC, lo cual es tanto como decir Somalia, Palestina,
Macedonia, etc, esto es, naciones cuyo potencial a
la hora de producir genéricos es menos que nada. Nos
encontramos, por tanto, con que sumando la situación de
hecho con la que se ha inaugurado el presente ejercicio y
las deficiencias de la normativa que pretende superar sus
dificultades, lo más probable es que los esperanzadores
acuerdos de Doha puedan acabar siendo seriamente amenazados42.
4.- La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos. Nuevo espíritu para los nuevos
tiempos.
Viendo todo lo que hemos dicho en apartados anteriores
es fácil sentir una mezcla de esperanza y desaliento.
De un lado, parece evidente que existe una cierta conciencia,
incluso dentro de los países desarrollados, de que la
situación de las patentes farmacéuticas no puede seguir
siendo la misma. De otra parte, no obstante, surge la desazón
cuando contemplamos que, a pesar de ese acuerdo
teórico básico, en la práctica los obstáculos para desarrollar
medicinas a precios competitivos, esto es, medicamentos
producidos sin hacer frente al pago de los derechos de
propiedad intelectual, resultan a menudo insalvables.
En medio de este escenario, la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos ha supuesto una nueva
bocanada de aire fresco para todos aquellos que aún
seguimos creyendo que la Declaración de Doha ha de ser
aplicada. En lo que a ello respecta, conviene remarcar que
uno de los parámetros fundamentales que ha consagrado
la Declaración Universal a la hora de guiar el diálogo sobre
la Bioética es el que se refiere al acceso equitativo a los
adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, tal y
como refleja la letra f) de su artículo 2, que establece como
objetivo de la Declaración “promover un acceso equitativo
a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología,
así como la más amplia circulación posible y un rápido
aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos
a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios,
prestando una especial atención a las necesidades de los
países en desarrollo”.
A nuestro juicio, con estas palabras se quiere resucitar
el espíritu que alentó la redacción de la Declaración de
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública
del 14 de noviembre de 2001, que aparece, de otra parte,
explícitamente citada en el preámbulo del documento
ahora analizado. Esta firme voluntad halla, además, fiel
reflejo en el artículo 15, que señala lo siguiente:
Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los beneficios
1. Los beneficios resultantes de toda investigación científica
y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad
en su conjunto y en el seno de la comunidad internacional,
en particular con los países en desarrollo. Los beneficios
que se deriven de la aplicación de este principio
podrán revestir las siguientes formas:
a) asistencia especial y duradera a las personas y los
grupos que hayan tomado parte en la actividad de investigación
y reconocimiento de los mismos;
b) acceso a una atención médica de calidad;
c) suministro de nuevas modalidades o productos de
diagnóstico y terapia obtenidos gracias a la investigación;
d) apoyo a los servicios de salud;
e) acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos;
f) instalaciones y servicios destinados a crear capacidades
en materia de investigación;
g) otras formas de beneficio compatibles con los principios
enunciados en la presente Declaración.
Evidentemente, el texto del artículo que hemos transcrito
consagra el derecho de todas las personas a una atención
médica adecuada y, por tanto, el derecho de acceso a
los recursos necesarios para proporcionarla, incluyendo
entre ellos los frutos de la investigación, tal y como resalta
la letra c). Llama la atención, además, la atención especial
que recibe el caso de los países en desarrollo, que no puede
ser interpretada, a nuestro juicio, en otro sentido que en
el de la aceptación tácita de la posibilidad de eludir el pago
de los derechos de propiedad intelectual en los casos en
los que les resulte imposible afrontarlos. Tal interpretación
resulta, a su vez, avalada por el artículo 13 de la Declaración
Universal, que viene a reseñar como propósito esencial
que “se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres
humanos y la cooperación internacional a este efecto”.
5.- La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos. Una invitación a los agentes políticos
y económicos a fomentar la cooperación internacional.
A tenor de lo señalado en el capítulo anterior resulta
obvio, al menos desde nuestra perspectiva, que la Declaración
ha querido acoger el espíritu de Doha. Ahora bien,
sólo con este propósito difícilmente podrían encontrarse
soluciones a problemas que requieren de respuestas prácticas.
De ahí que cobre especial interés la invitación a la
intervención de los Estados que tiene lugar en el artículo
24, que transcribimos a continuación:
Artículo 24 – Cooperación internacional
1. Los Estados deberían fomentar la difusión de información
científica a nivel internacional y estimular la libre
circulación y el aprovechamiento compartido de los conocimientos
científicos y tecnológicos.
2. En el contexto de la cooperación internacional, los
Estados deberían promover la cooperación científica y cultural
y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que
permitan a los países en desarrollo crear las capacidades
necesarias para participar en la creación y el intercambio
de conocimientos científicos y de las correspondientes
competencias técnicas, así como en el aprovechamiento
compartido de sus beneficios.
3. Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad
entre ellos y deberían también promoverla con y entre
individuos, familias, grupos y comunidades, en particular
con los que son más vulnerables a causa de enfermedades,
discapacidades u otros factores personales, sociales o
ambientales, y con los que poseen recursos más limitados.
Esta alusión a los poderes públicos no resultaría, no
obstante, tan efectiva si no fuera acompañada de una apelación
general a todos los agentes que pueden verse involucrados
en una actividad de estas características. Por eso
mismo, contiene especial relevancia la mención explícita
de los individuos, grupos, comunidades, instituciones y
empresas, públicas y privadas, como destinatarios de la
Declaración43. De este modo se evita que estos entes, a
los que el profesor Romeo Casabona ha denominado
“destinatarios secundarios”44, puedan alegar como excusa
para su falta de compromiso la inactividad legislativa, política
o de otro tipo por parte de los estados para introducir
las reglas y principios que contiene la Declaración.
6.- Conclusiones
De todo lo que hemos dicho anteriormente debe deducirse,
a nuestro juicio, que la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos recupera buena parte de la
filosofía que inspiró la Declaración de Doha. En este sentido,
supone un refuerzo para las legítimas aspiraciones de
todos los seres humanos que, no siendo culpables de otra
cosa que haber nacido en un país subdesarrollado, pretenden
tener un acceso equiparable a la investigación médica
y a los adelantos tecnocientíficos en general. De ahí que
debamos celebrar en su justa medida la opción preferencial
por los países en desarrollo que se deduce de la redacción
de la letra f) del artículo 2.
A ello se ha de añadir que el documento en cuestión
opta por la, a nuestro juicio, inteligente idea de declarar
destinatarios de sus disposiciones no ya sólo a los Estados,
sino también, y en lo que a este campo particularmente
se refiere, a las propias industrias farmacéuticas. Se
evitará de este modo, por ejemplo, que éstas puedan perpetuar
comportamientos pasados alegando que los propios
gobiernos de las poblaciones afectadas por serias patologías
no hacen demasiado para cumplir con el ordenamiento
jurídico en vigor en sus propios países o en los Tratados y
Declaraciones internacionales.
Claro que, frente a esta opinión, habrá un generoso
número de escépticos que alegarán que será complicado
que una simple Declaración, que se caracteriza, como instrumento
jurídico, por no poseer fuerza vinculante ni obligatoria
para los Estados, que no están obligados directamente
al cumplimiento de sus prescripciones ni a su incorporación
al derecho interno por el medio legalmente previsto,
por lo que no constituye normativa directamente aplicable.
A esta opinión, evidentemente razonable, nos gustaría
oponer, no obstante, una objeción: si bien es cierto que la
Declaración no es directamente aplicable, también lo es
que, a través de su apelación a los derechos humanos,
acabará teniendo un papel muy importante en el desarrollo
de la vida humana. Porque, por mucho que nos empeñemos
en sostener lo contrario, lo cierto es que, en cuanto
que concreción de lo que el respeto a los derechos humanos
implica en el ámbito concreto de las ciencias de la vida,
la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos resultará de grave importancia tanto a la hora de
redactar las normas del futuro como a la hora de interpretar
las que ya existen a los casos concretos.
Se debe, consecuentemente, llegar a la conclusión final
de que la Declaración será, de aquí en adelante, un elemento
esencial para una interpretación de todo lo relacionado
con el régimen de protección de la propiedad intelectual
cuando éste choca con el valor de la vida humana. Y
que su opción preferencial por la protección de los países
en vías de desarrollo supondrá un argumento muy fuerte
para futuras discusiones, así como para la aplicación de
los resultados de las que ya tuvieron lugar en el pasado.
Por todo ello, nos permitimos concluir: bienvenida sea la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
NOTAS:
Cfr: MARÍN, E., “Patente de estructuras humanas” en A.A.V.V., Bioética 2000, Gijón: SIBI, 2000, pág. 329-332.
2. Aunque el moderno sistema de patentes no se inventó sino en el siglo XIX, en plena revolución industrial (Cfr: MARTÍN, E., “Patentes...” cit, pág.. 164).
3. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992.
4. Cfr: MARTÍN, E., “Patentes...”, cit, pág. 164.
5. Véase, en este sentido, el artículo 52.1 del Convenio de Munich.
6. Cfr: ROMEO CASABONA, C. M., “La terapia génica “in vivo” no es patentable, Diario Médico, 7 de mayo de 1999.
7. Cfr: MARTÍN, E., “Patentes...”, cit, pág. 165.
8. Véase Convenio sobre Patentes europeas, artículo 53.a.
9. Para una mayor profundización en lo que se refiere al concepto de patente, consúltese: BERCOVITZ, A., La nueva Ley de Patentes, Madrid: Tecnos, 1990,
págs. 34 y 35; GRACE, E. S., La biotecnología al desnudo, Barcelona: Anagrama, 1998, pág. 231-267. En lo que se refiere al concepto y su relación con la
Bioética, sería conveniente acudir a: GAFO, J., Problemas éticos de la manipulación genética, Madrid: Ediciones Paulinas, 1992, pág. 116.
10. Esencialmente en lo que se refiere a los plazos de duración del derecho a la explotación exclusiva, o a la extensión de este derecho, por ejemplo.
11. Trade-related Aspects of Intellectual Porperty Rights (TRIPS Agreement).
12. Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio.
13. Posteriormente tendremos ocasión de analizar más profundamente estos acuerdos, por lo que ahora no insistiremos en ellos.
14. Acerca de cómo funcionan en la práctica los TRIPS, consúltese: SHIVA, V., Cosecha robada. El secuestro mundial de alimentos, Barcelona: Paidós, 2003,
pág. 108 y ss.
15. Véase, por ejemplo, el editorial de The Guardian de 12 de febrero de 2001, o la denuncia efectuada en el Washington Post por grupos de derechos humanos
el 6 de marzo del mismo año.
16. Todavía se discute cuál fue el motivo por el que este grupo de naciones aceptó estampar su firma en los referidos acuerdos. Algunos autores consideran
que pensaron que los mencionados tratados les permitirían promover la inversión extranjera directa y acelerar la transferencia de tecnología desde los países
desarrollados hacia ellos. Si fue así, sus expectativas se han visto seriamente truncadas, porque la experiencia ha demostrado que, lejos de servir a dichos
objetivos, estos acuerdos han sido un obstáculo para ellos (Véase, en lo que a esto respecta, las declaraciones de Carlos CORREA, antiguo viceministro
argentino de Ciencia y Tecnología realizadas a Tercer Mundo Económico, nº 97).
17. Este momento, sin embargo, no era uniforme. Los TRIPS entraron en vigor en los países desarrollados en 1996. Los países en vías de desarrollo, como
Argentina, Brasil, India, Israel o Egipto, tuvieron de plazo hasta el 1 de enero del 2000. Los países subdesarrollos, como Nepal, Laos, Haití, y la mayor parte
de los países africanos, tienen hasta el 2006 para empezar a cumplir con lo estipulado en ellos. Véase, en cualquier caso, a este respecto: 3D, Guía práctica
sobre la OMC dirigida a defensores de los derechos humanos, capítulo 4, en internet: https://www.ip4all.ch/E/jurinfo/documents/j10019e.pdf. Última consulta:
18 de julio de 2005.
18. Para mayor información acerca de los fármacos genéricos, consúltese: TOMÁS, G. M., “Fármacos genéricos, un desafío bioético”, Cuadernos de bioética,
nº 44, 2001, págs. 112-118.
19. Como tendremos ocasión de relatar más adelante, la posible ruptura de los TRIPS debida a la conducta de los países subdesarrollados que decidieron unilateralmente
fabricar medicamentos genéricos es más que discutible. Quede, no obstante, constancia, de que, en esos primeros momentos y hasta hace apenas unas
semanas, la mayoría de los países occidentales han mantenido la postura de que tales comportamientos constituían una violación de los TRIPS, postura radicalmente
opuesta a la de los presuntos infractores.
20. Cfr: MERGIER, A. M., “En Sudáfrica, los genéricos derrotan a los grandes laboratorios”, Proceso, nº 1280, 13 mayo de 2001.
21. El 31 de octubre de 1997, el parlamento sudafricano aprobó una enmiendo a la ley nacional sobre medicamentos que permitía la importación a gran escala
de medicamentos genéricos para tratar distintas enfermedades.
22. Véase: The New York Times, 10 de marzo de 2001.
23. De esta forma, si el precio promedio de las medicinas contra el SIDA producidas por las multinacionales se sitúa entre los 10 y 15 mil dólares anuales, el
mismo precio de un producto genérico elaborado en estos países no rebasa los 500 dólares. Teniendo en cuenta de que el salario medio anual de la mayoría
de los países subdesarrollados no alcanza los 1000 dólares, se entenderá la importancia de esa diferencia.
24. Teletipos enviados por las agencias de noticias el 19 de septiembre de 2001.
25. De esta forma, la ONG citada firmó un acuerdo con la compañía farmacéutica india CIPLA para abastecerse de genéricos en África por un precio razonable
(350 dólares por paciente al año).
26. Teletipos enviados por las agencias de noticias el 19 de septiembre de 2001.
27. Cfr: GÓMEZ, J., “Expertos de la OMS revisarán los precios de los fármacos”, Diario Médico, 20-03-2001.
28. Tal y como denunció recientemente la ONG española INTERMÓN (Cfr: Eurosciencepa Press, 5 de septiembre de 2001).
29. Así, por ejemplo, el gobierno americano llevó a Brasil ante el tribunal de la OMC por el caso antes comentado de los fármacos antirretrovirales.
30. De acuerdo con la sección “Especial 301” que contiene la ley americana de Comercio de 1988.
31. Véase The New York Times, 15 de marzo de 2001.
32. Véase Financial Times, 7 de marzo de 2001.
33. Párrafo 1 de la Declaración acerca de los TRIPS y la Salud Pública.
34. Ibídem, párrafos 2 y 3.
35. Ibídem, párrafo 4.
36. Párrafo 7 de la Declaración acerca de los TRIPS y la Salud Pública.
37. Cfr: MÉDICOS SIN FRONTERAS, “ADPIC, I&D y acceso a medicamentos. Una guía para el mundo después de 2005”, febrero de 2005, en internet:
https://www.accessmed-msf.org. Último acceso 16 de julio de 2005.
38. Véase: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gc_stat_30aug03_s.htm. Último acceso 16 de julio de 2005; KLEIN, N., “Bush’s AIDS Test”, The Nation,
Octubre de 2003, en internet: https://www.thenation.com/docprint.mhtml?i=20031027&s=klein. Último acceso 12 de julio de 2005; MILLER, S., “WTO Drug Pact
Lifts Trade Talks – Landmark Deal Provide Medicines to Poor Nations, en internet: https://www.ustvc.org/WTO/WTO%20Drug%20Lifts%20Trade%Talks.htm.
Último acceso 8 de julio de 2005. Véase también a este respecto el documento contenido en la página de ACTION AID titulado: TRIPS and Health,The 30
August 2003 Decision: will it improve access to affordable medicines in poor countries?, en internet:
https://www.sarpn.org.za/documents/d0000537/P499_TRIPS_Health_Briefing.pdf. Último acceso 12 de julio de 2005.
39. Véase: H. SUN, “A Wider Access to Patented Drugs Under the TRIPS Agreement”, B. U. International Law Journal, nº 21, 2003, págs. 101-108.
40. Para que nos hagamos idea de lo complicado que resulta el procedimiento establecido, pondremos un ejemplo: si un país necesita un determinado producto
que no puede conseguir in situ porque no está todavía comercializado o porque su precio es demasiado alto, tiene que comenzar por informar a la OMC
de su intención de importarlo, indicando el tipo de producto del que se trata y las cantidades que le interesan. Ha de localizar, asimismo, un productor en el
país exportador. Este productor deberá entonces solicitar y obtener una licencia de exportación de las autoridades de su país y pagar los royalties al propietario
de la patente. Algunos comentarios interesantes en torno a este tema pueden hallarse en: PEARSON, S., “Will the August 20, 2003 Decision of the WTO
Provide Adequate Protection for Patent Holders Rights and is Diversion Still a Threat to the Pharmaceutic Industry?”, Journal of High Technology Law, volument
5, nº 2, 2005, págs. 381- 402, en internet: https://www.jhtl.org/V5N2/09_JHTL_Pearson_note.pdf. Último acceso 18 de julio de 2005.
41. Véase: CHAUDHURI, S., P. K. GOLDBERG y P. JIA, The Effects of Extending Intelectual Property Rights Protection to Developing Countries: A Case
Study of the Indian Pharmaceutical Market, National Bureau of Economic Research, Working Paper 10159, diciembre de 2003; CORREA, C., “TRIPS and
Access to Drugs: Toward a Solution for Developing Countries Without Manufacturing Capacity”, Emory Interntional Law Review, nº 17, 2003, págs. 3889-391.
42. Véase: CORREA, C., “Access to drugs Ander TRIPS: A not so expeditious solution”, Bridge , nº 8(1), 2004, págs. 21 y 22.
43. Véase el art. 1. 2 de la misma.
44. ROMEO CASABONA, C. M. y I. DE MIGUEL, “Alcance y Objetivos”, en el libro conjunto La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,
Bilbao-Granada: Comares, 2006, pág. 8.
Revista de Bioética y Derecho N ÚMERO 1 0 - A B R I L 2 0 0 7
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